El Gobierno de España ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros mensuales para 2027. La decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 17 de noviembre de 2026 y afecta directamente a las personas trabajadoras cuya remuneración se sitúa en el mínimo legal.
La medida incorpora además una consecuencia fiscal relevante para los hogares con menores ingresos: quienes perciban el SMI seguirán exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante el próximo año. Según la referencia oficial de La Moncloa, no tendrán retención mensual por este impuesto en sus nóminas.
Qué cambia para quienes cobran el salario mínimo
El nuevo importe establece el suelo salarial aplicable a los empleos sujetos al SMI en España durante 2027. Para las personas que ya cobran esta cantidad, la actualización deberá reflejarse en la remuneración correspondiente, de acuerdo con la aplicación de la norma aprobada por el Ejecutivo.
La continuidad de la exención del IRPF también tiene un efecto visible en la nómina. Al no practicarse retenciones mensuales por este tributo a los beneficiarios del salario mínimo, el importe recibido no se verá reducido por ese concepto fiscal. La decisión vincula la actualización salarial con el tratamiento tributario de los trabajadores con ingresos más bajos.
El salario mínimo influye en la organización económica cotidiana de muchas familias. La remuneración mensual interviene en decisiones relacionadas con el consumo, la vivienda, los suministros y la capacidad para afrontar compromisos financieros. Por ello, cualquier modificación del SMI tiene una dimensión que va más allá del contrato de trabajo y llega al presupuesto doméstico.
Una medida distinta de la subida para los empleados públicos
La aprobación del SMI se produjo en la misma reunión ministerial en la que el Gobierno aprobó una actualización salarial para los empleados públicos. Sin embargo, se trata de decisiones diferentes y con destinatarios distintos. El salario mínimo se dirige a las relaciones laborales cubiertas por ese umbral legal, mientras que la actualización de los empleados públicos corresponde al personal de las administraciones.
La referencia publicada por el Ejecutivo recoge ambas medidas dentro de los acuerdos del Consejo de Ministros. La página de resúmenes del Consejo de Ministros sitúa la decisión sobre el SMI dentro de la agenda económica y laboral del Gobierno para el próximo año.
Impacto sobre empresas y recaudación
Para las empresas, la elevación del SMI modifica el coste salarial de los puestos cuya remuneración está vinculada al mínimo legal. El alcance concreto dependerá de la estructura de cada relación laboral y de la forma en que se compongan los salarios, pero la decisión establece una nueva referencia para la planificación de los costes de personal en 2027.
La exención del IRPF introduce al mismo tiempo una diferencia entre el aumento de la remuneración y la recaudación tributaria asociada a esos ingresos. Si los beneficiarios no tienen retención mensual por este impuesto, el tratamiento fiscal de sus nóminas se mantiene separado de la actualización aprobada por el Gobierno.
La medida llega en un contexto en el que el poder adquisitivo y el coste de vida ocupan un lugar central en el debate económico español. La decisión busca mantener el ingreso disponible de quienes cobran el mínimo, aunque sus efectos sobre el empleo, los precios o la situación de las pequeñas empresas no pueden darse por confirmados únicamente a partir del anuncio oficial.
Aplicación durante 2027
El nuevo SMI será la referencia salarial para el próximo ejercicio, mientras que la exención fiscal se mantendrá para sus beneficiarios durante ese mismo periodo. La aprobación en el Consejo de Ministros convierte ambas decisiones en elementos centrales de la política de rentas del Gobierno para 2027.
Para los trabajadores, la cuestión principal será comprobar cómo se traslada el nuevo mínimo a cada nómina y confirmar que no se aplica retención del IRPF cuando corresponda. Para las empresas, el cambio exigirá revisar las remuneraciones situadas en el umbral legal. La medida afecta así tanto a los ingresos de los hogares como a la gestión ordinaria de las relaciones laborales en España.